“ …regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación…”
Constitución Española Art.47
El Archipiélago canario, un territorio volcánico que ocupa apenas 600.000 has y cuenta con cuatro Parques Nacionales, siete Reservas de la Biosfera, más del 42% de su territorio protegido, un patrimonio histórico-arqueológico único, una cultura territorial de más de 2000 años de antigüedad, casi 20.000 especies vegetales y animales, el 30% de las cuales son exclusivas de las Islas, y un paisaje singular, reclamo de su principal actividad económica, se enfrenta a la especulación y destrucción de su patrimonio.
Durante más de veinte años, desde que asumió las plenas competencias para la ordenación y gestión del territorio, Canarias desarrolló una legislación territorial que buscaba implantar un modelo territorial más cohesionado, próspero y sostenible, para una sociedad y una economía más justas y solidarias. Este proceso culminó con las Directrices de Ordenación, aprobadas por unanimidad por el Parlamento de Canarias.
Sin embargo, tras el estallido de la crisis económico-financiera, el Gobierno de Canarias comenzó a reformular esta legislación a través de leyes parciales, como las de Medidas Urgentes y Armonización, que trataban de desregular lo que anteriormente se protegía. En el momento actual, y con el Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias, intenta un cambio radical de dirección para convertir nuestro territorio en mercancía y nuestro futuro en efímeros negocios especulativos.
Un territorio sostenible
Por eso reclamamos hoy, con más firmeza que nunca, un territorio sostenible para Canarias, basado en sus recursos naturales y culturales como fuente de riqueza endógena. Por eso denunciamos y rechazamos la apuesta neoliberal por reproducir la burbuja inmobiliaria que provocó la crisis y que tanto paro, miseria e injusticia ha generado en la sociedad canaria.
Reclamamos el derecho analizar seriamente los problemas que presenta la gestión del territorio canario tras el crecimiento urbanístico y edificatorio acelerado sufrido entre el final del siglo XX y el comienzo del XXI. El análisis y la búsqueda de soluciones tienen que hacerse de una forma democrática y pausada, aunque sin dilación, con tiempo para fomentar y conseguir la más amplia participación de todos los sectores de la sociedad. Por eso estamos constituyendo esta plataforma, como una herramienta colectiva para facilitar la convergencia y la acción de quienes somos conscientes de que el territorio es nuestro mayor recurso, que pertenece a las generaciones canarias futuras, y que desde esta perspectiva hay que usarlo y conservarlo.
Nos negamos a renunciar a un proyecto de país cohesionado, unido y solidario. Necesitamos que la legislación, la política territorial y la ordenación insular y autonómica contribuyan a la reducción de la creciente desigualdad entre islas, municipios y ciudadanía. Queremos seguir avanzando en el proceso de cambio hacia un desarrollo más sostenible y en la lucha contra el cambio climático. Creemos en un territorio de mayor calidad, más atractivo, mejor conservado, más productivo y menos vulnerable ante las amenazas del calentamiento global.
Sabemos que, para lograrlo, tenemos que impulsar en cada isla sistemas urbanos más equilibrados, que acerquen los servicios a los ciudadanos, faciliten una mayor de calidad de vida y eviten el exceso de movilidad terrestre que caracteriza a nuestro modelo territorial actual. Tenemos que ahorrar suelo, consumiendo menos y reutilizando más y mejor el que ya hemos urbanizado, pero también conservar el patrimonio natural, paisajístico y cultural de nuestras ciudades y campos. Necesitamos ciudades más compactas pero menos congestionadas, más habitables, con mejores servicios y transportes, con mejores y más cercanas zonas verdes, con espacios de mayor calidad, con más posibilidades de desarrollo cívico.
Tenemos que compartir la calidad de vida con los habitantes del medio rural, reforzando los servicios de los núcleos urbanos de tamaño pequeño y mediano, evitando la dispersión y el deterioro tanto del paisaje como del suelo agrario. Reivindicamos un suelo rústico centrado en sus potencialidades y su patrimonio, un suelo agrícola protegido como bien colectivo y fuente básica de nuestra soberanía alimentaria, capaz de generar riqueza y empleo y reducir nuestra actual y casi absoluta dependencia del exterior.
Tenemos la convicción de que una adecuada legislación y política territorial puede contribuir decisivamente a la creación duradera de empleo de calidad, a un desarrollo económico más sostenido, a una sociedad cada vez más justa, a un territorio cada vez más útil, más hermoso y mejor conservado. Y no es ese el modelo de territorio, sociedad y economía que pretende el Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias.
Un Anteproyecto de Ley insostenible
Por el contrario, el Anteproyecto diseña un modelo desintegrado, en el que la parte prevalece sobre el conjunto, en el que los planes municipales configuran la realidad de la isla frente a un planeamiento insular debilitado, y en el que la realidad de las islas configura la del archipiélago, ante la voladura de las competencias, los organismos y el planeamiento ambiental y territorial autonómicos. El resultado será el aumento de la competencia y las desigualdades intermunicipales e interinsulares, al tiempo que la destrucción del sistema de planeamiento, al hacer que lo sectorial prevalezca sobre lo general y las actuaciones excepcionales, aisladas, rápidas e inconexas prevalezcan sobre el planeamiento municipal, insular y autonómico. Un marco normativo abierto, rico en atajos y liderado por administraciones más débiles y vulnerables, que aumentará la inseguridad jurídica y la arbitrariedad.
Los procedimientos e instrumentos excepcionales, de poderes casi ilimitados y capaces de colocar rápidamente cualquier uso, de cualquier dimensión, en casi cualquier lugar del archipiélago constituyen, con las competencias, el otro gran vehículo de desigualdad y desorden territorial. Un urbanismo en el que prime el proyecto frente a la planificación dejará de lado a aquellos municipios y a aquellas personas en las que no se considere rentable invertir.
El Anteproyecto fomenta el consumo y dispersión ineficientes del suelo urbanizable, para el que fija falsos límites, pese al exceso de oferta existente. Asimismo, deriva a los planes municipales la decisión discrecional de las urbanizaciones aisladas y declara inextinguible al suelo urbanizable turístico, al exceptuarlo de los plazos y obligaciones impuestas al suelo residencial e industrial. Levanta también, con la derogación de las Directrices, la prohibición de urbanización del litoral aún no utilizado.
Consecuencias aún más negativas puede tener la implantación en el suelo rústico, mediante simple licencia municipal, de usos impropios como los recreativos, deportivos o docentes o, mediante una declaración insular de interés social, de viviendas, turismo o equipamientos privados de cualquier tipo. A ello se unen la capacidad de implantar cualquier uso que pueda generar rentas complementarias a las agrarias, y las actuaciones de todo tipo y dimensión que los instrumentos y procedimientos excepcionales pueden llevar al suelo rústico. Además, debilita los núcleos urbanos en el medio rural, al permitir el crecimiento de los asentamientos rurales y agrícolas, y su expansión periférica mediante una corona de 200 metros de anchura. Las tensiones especulativas que unas y otras medidas pueden provocar en el medio rural canario elevarán todavía más los precios del suelo, poniéndolo fuera del alcance de la actividad agraria y propiciando, en determinados ámbitos, su simple expulsión.
Esta pérdida de valores económicos, sociales y culturales del territorio define también la baja calidad del modelo propugnado por el Anteproyecto. En primer lugar, la baja calidad democrática, al convertir la participación ciudadana, que es un derecho en la vigente legislación canaria, en una simple posibilidad, y suprimir el deber de las administraciones públicas de fomentar dicha participación. De ese desinterés ha sido buena muestra la mezquina actitud adoptada por el Gobierno de Canarias respecto de la información pública de un Anteproyecto tan importante y complejo como éste, reducida a quince días ampliados en otros quince.
En segundo lugar, baja calidad ambiental, al permitir la autoevaluación, por los Ayuntamientos, del impacto ambiental de los planes, además de exonerar y rebajar el alcance de las evaluaciones, y al dedicar al paisaje apenas dos determinaciones formales -un mandato de análisis y un decorativo observatorio-, eliminando las medidas concretas contenidas en las Directrices de Ordenación General y, entre ellas, las de fomento de la reforestación, con fines paisajísticos y de lucha contra la erosión.
Y, por último, baja calidad urbana, al reducir la dimensión de los espacios libres de obligada reserva por el planeamiento municipal, al que permite contabilizar como tales las playas urbanas, las áreas recreativas de los espacios protegidos y las dotaciones locales de zonas verdes, que la actual normativa añade a dicha reserva. A cambio, el Anteproyecto propicia la congestión de las zonas más densas de las ciudades, al considerar que será válida la densidad realmente existente, en caso de superar a la máxima que fija la Ley, y admitiendo incrementarla aún más con la edificación de los suelos vacantes. Rechazamos una ley de suelo que, al mantener e incrementar densidades brutales sin dotaciones adecuadas de servicios públicos, golpea con especial dureza a los barrios más populares. Por el contrario, exigimos un marco jurídico que potencie unas ciudades más habitables y sostenibles.
Por Canarias, territorio sostenible
Porque nos negamos a reactivar el viejo y fallido modelo del bloque y el cemento, porque queremos un futuro mejor para el territorio, la sociedad y la economía del archipiélago y porque queremos participar en el diseño y la construcción de ese futuro, hacemos un llamamiento a la sociedad canaria para que se sume a la petición de retirada del Anteproyecto de Ley del Suelo y la apertura de un proceso amplio de auténtica participación ciudadana que defina el marco legal adecuado para conseguir un modelo territorial más duradero, compartido y sostenible.
Exigimos garantías ambientales en el planeamiento urbanístico
Exigimos protección efectiva del suelo agrícola y rústico
Exigimos una ordenación del territorio que luche contra el cambio climático
Exigimos reequilibrar el territorio atendiendo a los colectivos más desfavorecidos por la crisis
Exigimos una ordenación del territorio de Canarias al servicio del empleo sostenible y de calidad
¡No a la ley del suelo! ¡SI A UNA LEY DEL TERRITORIO SOSTENIBLE!
